Contó con dos etapas:
1) Faz Técnica: la que contó con tres áreas:
1A) Área de Análisis Normativo: el equipo técnico estudió el estado de vigencia y alcance de las normas, preclasificándolas provisoriamente en áreas temáticas y estableciendo las acciones que recaen sobre otras normas. Debía analizarse cada norma, su vigencia, posible derogación por cumplimiento del objeto, abrogaciones expresas y tácitas, entre otros aspectos a analizar.
1B) Área de Análisis Documental: se individualizaron las normas con identificadores geográficos, institucionales y normativos; temas, subtemas, descriptores y palabras claves, que permitieron la búsqueda y recuperación de cada una de las normas en el sistema informático.
1C) Área de Carga Digital: se incorporaron al sistema informático las planillas de análisis normativo, la digitalización de normas, su lectura, la corrección de errores de emisión y publicación, distinguiéndolos unos de otros y adoptando los recaudos para que sean salvados por los medios legales adecuados, el control de la carga y la incorporación de todos los datos a la base.
2) La segunda etapa consistió en el Análisis Epistemológico de cada una de las normas que se mantuvieron vigentes por rama, luego de concluida la primera etapa, efectuada íntegramente por especialistas de cada rama jurídica y analistas jurídicos.
El análisis se realizó norma por norma y en muchos casos artículos por artículos como así también se tuvo en cuenta una mirada integral de cada rama a fin de detectar vicios implícitos del ordenamiento jurídico (denominados técnicamente “conflictos normativos”) como ser, equivalencias, contradicciones, inconsistencias, pérdidas de vigencia normativa entre otros, que requerirán el dictamen sobre derogaciones y abrogaciones implícitas, como así también refundiciones normativas.
De cada análisis se cargaron formularios que contienen una fundamentación jurídica que debe sustentar la solución adoptada para cada caso.
Una vez certificadas la totalidad de las normas analizadas es posible la elaboración del proyecto de ordenanza de consolidación que anualmente, al finalizar cada período legislativo, es aprobado por el Honorable Concejo Deliberante a los fines de mantener actualizado el Digesto Jurídico.